El Gobernador Sergio Uñac confirmó que acudirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para demandar a Vialidad Nacional por una deuda millonaria en concepto de pagos adeudados por las obras de la ruta 40.

"Vamos a la justicia mañana o el miércoles. Presentamos el primer juicio a Vialidad Nacional, por los casi mil millones que es lo exigible y estamos juntando documentación de mil cuatrocientos millones adicionales que es lo que nos corresponde", aseguró en declaraciones a la prensa local.

Según el sanjuanino, "la provincia viene pagando los certificados de obras de las ampliaciones de la ruta 40 al sur y al norte de la ciudad, para que no se paralizaran y que no perdiéramos mano de obra ocupada porque la Nación no le pagaba a las empresas".

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De acuerdo a lo pautado con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich en octubre del 2018, Vialidad le devolvería a San Juan 2.200 millones de pesos en cinco cuotas iguales de 440 millones de pesos por estos certificados, pero tras el pago de las tres primeras cuotas dejó de realizar los depósitos.

Desde la provincia cuyana sostienen que agotaron todos los reclamos administrativos y que finalmente tomaron la decisión de judicializar el conflicto luego de la reunión que mantuvieron con Dietrich, en la que el ministro reclamó que no presentaron la documentación correspondiente, cosa que los sanjuaninos desmienten.

 Macri al inicio de su mandato cuando anunció que para el 2019, la ruta 40 ya sería autopista entre Mendoza y San Juan. 

La obra de la ruta 40 es parte de la emblemática autovía San Juan-Mendoza que Macri le había prometido a los cuyanos a inicios de su mandato en un recordado acto en el Salón Blanco junto a los gobernadores de ambas provincias.

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Finalmente, terminó siendo una de las grandes víctimas del ajuste por la crisis económica y solamente se avanzó en algunos tramos puntuales, la mayoría de ellos en suelo sanjuanino.

En Mendoza, hay 78 kilómetros bajo la modalidad PPP que permanecerán sin actividad alguna y otros 18 kilómetros que ya fueron adjudicados a las firmas Chediack y Ceosa bajo modalidad tradicional con fondos del Tesoro, pero aún no han comenzado los trabajos por un conflicto en la relocalización de 90 viviendas.